Hoy podemos afirmar que el tiempo nos da la razón. En 2017, la seguridad nuclear comenzó un grave retroceso en España: las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS), algo así como las auditorías técnicas que deben cumplir las centrales nucleares, dejaron de ser un requisito legal previo para otorgar los permisos de explotación. Este desacoplamiento representa un giro crítico que afecta a la capacidad de supervisión del organismo regulador, pues pone en entredicho sus principios de transparencia, rigor técnico e independencia.
Tradicionalmente, la realización de una RPS, que es una revisión sistemática y exhaustiva del comportamiento de una central nuclear en los últimos diez años de operación, la ITV de las centrales nucleares para entendernos, era una condición previa e inexcusable para la renovación de cualquier permiso de explotación nuclear. Al igual que un coche no puede circular sin la ITV, las centrales tenían que pasar este test de seguridad para revalidar su permiso de operación. Sin embargo, la modificación de la Guía de Seguridad GS-1.10 en 2017 durante todo el proceso de la “renovación fantasma” de la central nuclear de Garoña, eliminó esta obligatoriedad permitiendo que las centrales pudieran solicitar extensiones de vida ampliando el permiso de explotación sin presentar revisión alguna junto a dicha solicitud. Dicho en otras palabras, ¿se imagina poder seguir operando un transporte público de viajeros sin necesidad de pasar una ITV previa?
Este cambio, como ya advertimos en su momento, permite la extensión de vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años "por la puerta de atrás", eludiendo un debate público necesario sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica, porque al no estar vinculadas a los permisos, las RPS pierden su función de pilar fundamental para garantizar que la instalación es apta para operar de forma segura durante un decenio completo. Además, esto significa, en términos administrativos, tal y como ha ocurrido con Almaraz, que el plazo para realizar la evaluación de la solicitud se ha visto reducido en la normativa a periodos de entre 13 y 19 meses, lo que es insuficiente para realizar una supervisión con el rigor necesario.
La reciente solicitud de extensión de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 es un ejemplo palpable de estas carencias. Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron su solicitud sin acompañarla de documentación justificativa, quedando a la espera de que el CSN determinara qué información era necesaria y, como consecuencia directa, el CSN tuvo que emitir una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) para solicitar al titular que presente sus planes de continuidad, y justificaciones sobre el estado de envejecimiento de estructuras y sistemas. Esta falta de documentación inicial confirma los temores de Greenpeace y los de los técnicos de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), que ya en 2017 advirtieron de este hecho: la central pretende ampararse en una RPS anterior (la tercera) cuyo análisis sólo cubrió hasta junio de 2018, dejando un vacío evaluativo para el periodo de extensión solicitado hasta 2030.
Esta maniobra regulatoria respondía, más que a criterios estrictamente técnicos, a finalidades mercantiles y políticas. Conviene recordar que Mariano Rajoy se había comprometido a mantener la central nuclear de Garoña, aunque fue finalmente su gobierno quien la cerró y ahora en 2026, en medio de una emergencia climática sin paragón y cuando más necesitamos avanzar en la transición energética, puede ser que sea el gobierno de Pedro Sanchez quien “culmine” el trabajo de Rajoy. En cualquier caso, el hecho de que se modifiquen guías de seguridad a petición de la industria para facilitar licitaciones más laxas desacredita sobre todo la independencia del CSN. Sin una base documental completa, actualizada y vinculada estrictamente a los permisos, la capacidad del organismo para verificar que las centrales mantienen los niveles de seguridad exigibles se ve seriamente comprometida.
No olvidemos que, por ley, la misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Necesitamos un organismo regulador independiente y transparente que trabaje para proteger a la ciudadanía y no para servir a los intereses de las empresas.
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