Según explica Ecologistas en Acción en un comunicado, las organizaciones consideran que alterar ese calendario supondría romper uno de los pilares sobre los que se ha diseñado la transición energética española y generaría incertidumbre para las inversiones previstas en energías renovables contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El contexto: un cierre escalonado hasta 2035
España acordó en 2019 un calendario para el cierre progresivo de sus siete reactores nucleares. El plan tenía previsto el cese de actividad de Almaraz I en 2027 y Almaraz II en 2028, seguido del resto de centrales hasta completar el apagón nuclear en 2035.
Una hoja de ruta que fue asumida por el Gobierno y las empresas eléctricas propietarias de las instalaciones, entre ellas Iberdrola, Endesa y Naturgy, y sirvió de base para la planificación del despliegue de renovables, almacenamiento y redes eléctricas.
Sin embargo, el debate sobre una posible prolongación de la vida útil de algunas centrales ha cobrado fuerza en los últimos meses, en un contexto marcado por el aumento de la demanda eléctrica, la electrificación de la economía y el giro de algunos países europeos a favor de mantener la energía nuclear como fuente libre de emisiones directas de CO2.
El papel del Consejo de Seguridad Nuclear
Esta petición de las organizaciones ecologistas llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable sobre la posibilidad de ampliar la explotación de Almaraz desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica. No obstante, las organizaciones recuerdan que el informe del CSN se limita exclusivamente a evaluar si la planta puede seguir operando con garantías de seguridad y, en su caso, qué inversiones adicionales serían necesarias.
La decisión final corresponde al Gobierno, que debe valorar otros aspectos como la política energética, el impacto económico, la gestión de los residuos radiactivos o el cumplimiento de los objetivos climáticos.
Las tres condiciones fijadas por el Ejecutivo
El Ejecutivo había señalado previamente que una eventual autorización debía cumplir tres requisitos: garantizar la seguridad nuclear, resultar necesaria para la seguridad del suministro eléctrico y no implicar un mayor coste para los consumidores.
En relación con la seguridad del suministro, argumentan que las paradas registradas por Almaraz desde 2024, motivadas -afirman- por problemas de rentabilidad, no provocaron dificultades para abastecer la demanda eléctrica. También recuerdan que, tras el gran apagón que afectó al sistema eléctrico este año, la generación nuclear fue una de las últimas tecnologías en recuperar la producción.
Críticas al impacto económico
Las entidades también rechazan la prórroga por motivos económicos, ya que según sus estimaciones, mantener Almaraz operativa hasta 2030 reduciría la incorporación de nueva potencia renovable hasta en un 25 % respecto a la planificación inicial, al generar incertidumbre regulatoria entre los inversores.
A su juicio, ese retraso obligaría a un mayor uso de centrales de gas para cubrir la demanda durante los primeros años de la próxima década, lo que incrementaría tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como el coste de la electricidad.
Las organizaciones cifran ese sobrecoste acumulado para los consumidores en 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033 respecto al escenario previsto con el cierre de Almaraz en 2028. También advierten de un posible aumento del coste asociado a la gestión de los residuos radiactivos.
Un debate abierto sobre el papel de la energía nuclear
La continuidad de la energía nuclear divide a gobiernos, empresas y expertos energéticos. Los defensores de prolongar la vida útil de las centrales sostienen que la nuclear aporta generación estable, reduce la dependencia de combustibles fósiles y facilita la descarbonización al producir electricidad con bajas emisiones directas de carbono.
Por el contrario, los colectivos ecologistas consideran que prolongar la operación de las centrales retrasa las inversiones en energías renovables y almacenamiento, dificulta el desarrollo del nuevo modelo energético y mantiene abiertos problemas como la gestión de los residuos radiactivos y los elevados costes de explotación de instalaciones envejecidas.
La decisión sobre Almaraz se interpreta además como un precedente para el resto del parque nuclear español, ya que podría condicionar el calendario previsto para otras centrales cuyos reactores también tienen programado su cierre a partir de 2030, como Ascó I y Cofrentes.
Mientras el Gobierno mantiene abierta la evaluación, las organizaciones ecologistas insisten en que el informe favorable del CSN no determina por sí solo el futuro de la central y reclaman que el Ejecutivo mantenga el calendario de cierre acordado en 2019 por considerar que responde al interés general y a los objetivos de la transición energética y climática.
Artículos relacionados
