Las cinco grandes han mostrado su rechazo a cualquier intento de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares en España ya que, según advierten, extender la actividad de la central de Almaraz hasta 2030 supondría el primer paso hacia el alargamiento de todo el parque nuclear nacional. Los ecologistas instan así al Gobierno a mantener el actual plan de cierre y reiteran que la energía nuclear "es un obstáculo para la transición energética y para la estabilidad de la red eléctrica".
Desde que en 2019 se acordó un cierre ordenado y progresivo de las centrales, los datos —subrayan las organizaciones— muestran que la energía nuclear ha perdido competitividad frente a las fuentes renovables. La caída del precio mayorista de la electricidad en las horas de máxima producción solar ha dejado en evidencia los altos costes operativos del combustible nuclear. En 2024, Almaraz I detuvo su actividad durante 16 días y Cofrentes durante 26, por motivos puramente económicos, una tendencia que se ha agravado este año.
Las ONG aseguran que la continuidad de las plantas nucleares genera distorsiones en el sistema energético, al obligarlas a operar de forma constante y dificultar la integración de la energía renovable. Además, advierten de que prolongar su vida útil generaría inseguridad jurídica y bloquearía nuevas inversiones en almacenamiento, redes y tecnologías limpias, esenciales para la descarbonización.
Las maniobras del PP
Las entidades reclaman al Gobierno que no inicie un nuevo procedimiento de autorización para los reactores de Almaraz, en un contexto marcado por las presiones de parte del sector energético y de algunos partidos políticos. En concreto, señalan la enmienda introducida por el Partido Popular en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible, con la que se pretende mantener operativos los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.
Respecto a la enmienda del PP en la Ley de Movilidad Sostenible, las organizaciones denuncian que “este tipo de estrategias legislativas” vulneran competencias del operador del sistema eléctrico, del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales, además de “dañar la credibilidad” del poder legislativo en materia de planificación energética.
El mantenimiento de los reactores, añaden, implicaría costes “crecientes y millonarios”. Citan como ejemplo la prolongación de dos reactores en Bélgica, de potencia similar a Almaraz, cuyo coste ascenderá a 2.500 millones de euros. En España, la modernización de Garoña —con menos de la mitad de potencia— se estimaba en más de 200 millones.
Las organizaciones ecologistas acusan al "oligopolio nuclear" de presionar para rebajar o eliminar las tasas destinadas al fondo de gestión de residuos radiactivos, que consideran ya insuficiente. Cada año adicional de operación, recuerdan, incrementa el volumen de combustible gastado y los costes de su almacenamiento.
El incumplimiento del calendario de cierre, insisten, invalidaría el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos y complicaría el desmantelamiento simultáneo de cuatro reactores de 1.000 MW en 2030. "La continuidad de Almaraz sería el prólogo del alargamiento de todo el parque nuclear", subrayan, reclamando incluso un aumento de las tasas que actualmente pagan las centrales.
Por último, las entidades ecologistas defienden que la energía nuclear es "lenta, cara, peligrosa y dependiente de combustibles de terceros países", lo que, en su opinión, "choca con la soberanía energética y con un modelo de transición justa". Frente a ello, subrayan que la Península cuenta con un "recurso renovable excepcional" por su abundancia, estabilidad y amplia distribución territorial, que permitiría un sistema energético basado íntegramente en fuentes limpias.
