Se manifiesta en el articulado la meta de reducir para 2020 el 30% de emisiones con respecto a la línea de base; así como 50% de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en 2000.
La ley, que será devuelta al Senado para su aprobación definitiva, plantea la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica para la protección al ambiente, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
También establece el Registro Nacional de Emisiones, donde deberán inscribirse de dichas emisiones anuales directas e indirectas y de absorciones por sumideros de gases de efecto invernadero.
Según la presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ninfa Salinas Sada, con la ley se fija los medios que permitan al país transitar hacia una economía competitiva de baja emisión de carbono, con la incorporación de todos los sectores de la sociedad, equilibrio en el desarrollo económico y protección al ambiente.
Entre las distintas argumentaciones, muchas referidas a los aumentos de las temperaturas medias y los climas impredecibles que se generan, los hubo también para los problemas ambientales que afectan principalmente a la población más desfavorecida y acentúan las desigualdades.
En datos que se hicieron conocer durante el debate, se especificó que México ocupa el 13º lugar a nivel mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, y es el responsable del 1,6% por ciento del total de emisiones.
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