El Gobierno impulsa la creación de 262 comunidades energéticas con 100 millones de euros

La línea CE Implementa y el programa hermano CE Oficinas, ambos gestionados por el IDAE, han supuesto "un estímulo decisivo y pionero -explican desde el Ministerio- para el despegue de las comunidades energéticas en sus distintas modalidades (...) y han facilitado a través de ellas la participación de los consumidores -ciudadanos, empresas o administraciones locales- en el sistema energético, democratizándolo, contribuyendo a asentar el despliegue renovable en el territorio y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización". Según el balance que acaba de presentar el Instituto, las comunidades energéticas beneficiarias de las seis convocatorias de ayudas (262 en toda España) agrupan a más de 111.166 particulares, pymes y entes locales y podrán seguir creciendo -explican desde IDAE- a medida que sumen nuevos usuarios. Los beneficiarios proyectan 1.472 actuaciones, que suman 175 megavatios de potencia eléctrica renovable, 5 megavatios de térmica, así como 85 megavatios hora de almacenamiento y 426 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Miguel Rodrigo, director general del IDAE: "hemos abierto un camino fundamental para dar respuesta al interés ciudadano por participar en la transformación de nuestro sistema energético con un carácter social, de modo que cualquier persona interesada pueda promover o sumarse a la producción y autoconsumo renovable de manera colectiva, generando energía más barata y sin emisiones”

Con la incorporación de las últimas 20 comunidades energéticas a la resolución definitiva de la última convocatoria se eleva a 262 el número de comunidades energéticas en marcha en todo el país bajo el paraguas de este programa de incentivos, el de mayor número de ediciones entre los gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el IDAE para el impulso de la transición energética.

Más de setenta oficinas
Por su parte, y dentro del mismo paquete de ayudas a las comunidades energéticas con fondos NextGenEU del PRTR, la línea de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras, ya operativas en toda la geografía nacional, con una inyección adicional de 18,4 millones de euros en su primera edición. La segunda convocatoria contará con una dotación de 10 millones de euros, concedidos al IDAE a través de un crédito extraordinario según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, de respuesta a la crisis en Oriente Medio.

Balance IDAE
Por territorios, Cataluña es la comunidad con más proyectos de comunidades energéticas en curso (72) de los subvencionados en las seis convocatorias de CE Implementa, seguida de Castilla y León (40) y Andalucía (34). El resto se reparten entre Euskadi (18), Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, con 16 respectivamente, Castilla-La Mancha (14), Extremadura (10), Madrid (9), Navarra (5), Murcia (4), Asturias, Canarias y Cantabria -2 cada una- y, finalmente, Baleares y La Rioja, ambos con una única comunidad energética beneficiaria.

La totalidad de esas iniciativas (262) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y una gran mayoría incorporan además sistemas de almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (95) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (124) y para la instalación de energías renovables térmicas (14), como la aerotermia y la biomasa.

En conjunto, los proyectos beneficiarios -informa IDAE- implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 175,3 megavatios de energía eléctrica de origen fotovoltaico y cinco megavatios de térmica. También sumarán una capacidad de almacenamiento de 85 megavatios hora y 420 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como 34 sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y 45 de adquisición de vehículos eléctricos.

Cooperativas y asociaciones
A lo largo de las seis ediciones de CE Implementa, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ha atendido realidades distintas e impulsado diferentes modelos de comunidades energéticas: tres de las convocatorias seleccionaron iniciativas de escala reducida y menos de 1 millón de euros de inversión, muchas de ellas en pequeños municipios, y otras de mayor calado, con inversiones previstas por encima de esa cuantía. "El objetivo -explica el Instituto- ha sido siempre fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas".

En cuanto a la tipología de los beneficiarios, son todas cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 111.166 miembros o socios beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas; una cifra que podrá seguir creciendo en la medida en que puedan sumar nuevos usuarios asociados.

De las 262 comunidades energéticas subvencionadas, 159 operarán en municipios de Reto Demográfico y 7 en zonas de Transición Justa, "lo que refleja -según el IDAE- el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio".

El discurso del Instituto
«La participación de la ciudadanía en la transición energética es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera.

Estas entidades tienen diversos beneficios para sus miembros y para las localidades en las que se ubican. Permiten a los ciudadanos producir energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles, generan empleo y actividad económica en los municipios en los que operan y contribuyen a la lucha contra el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.

Su impacto trasciende al sector energético; ayudan en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y promueven mejoras sociales en la comunidad. Por ello, son una figura especialmente interesante para los municipios de reto demográfico, ya que, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, al tiempo que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población. Y concuerdan con el mandato de “la ciudadanía en el centro de la transición energética” incluido tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»