En un giro inesperado de los acontecimientos, la derecha nacionalista catalana de Junts acudió este jueves en auxilio del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, a pesar de su aparente divorcio, y frenó en el Congreso una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible que pretendía eliminar la fecha de cierre definitivo de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).
Pues bien, la votación que tumbó la enmienda del PP para derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares —incluida Almaraz, pieza clave en el tejido laboral y energético de Extremadura— provocó un estallido político inmediato. Y es que la abstención de Junts permitió al Gobierno sortear una modificación que los populares defendían como esencial para prolongar la vida de las plantas de Almaraz, Ascó y Cofrentes.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convirtió el episodio en munición electoral. Señaló directamente a los diputados socialistas de la región, a quienes acusó de “aplaudir la traición” al votar en contra de la continuidad de Almaraz. El gesto de la bancada socialista en el hemiciclo, recogido en varios vídeos difundidos por cargos populares, avivó la polémica.
El PP extremeño sostuvo que los parlamentarios del PSOE optaron por “obedecer a Sánchez” antes que defender los intereses regionales. El debate sobre el futuro nuclear ya se había colocado en el centro de la estrategia de Guardiola, que prepara una campaña marcada por el pulso energético y por su enfrentamiento con el Gobierno central.
La dirección nacional del PP se sumó con rapidez al choque. Ester Muñoz, portavoz en el Congreso, denunció que los socialistas “celebraran” el rechazo a la propuesta de ampliar la vida útil de las centrales. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo advirtió que los diputados del PSOE “tendrán que explicar” su voto. Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo elevó el tono al calificar la actitud socialista como una celebración “del cierre de Almaraz”, en un momento especialmente sensible para la región.
En paralelo, figuras como Guillermo Mariscal, secretario tercero de la Mesa del Congreso, alertaron de que la decisión parlamentaria podría traducirse en un “nuevo apagón” o una subida del coste eléctrico, mientras otros dirigentes populares denunciaban que el cierre supone un riesgo para el empleo y el sistema eléctrico nacional. La narrativa del PP se ha centrado en presentar la clausura nuclear como una amenaza directa al desarrollo extremeño, reforzando un marco de agravio territorial.
El asunto resonará aún más este domingo, cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta extremeña, María Guardiola, encabecen en Lobón (Badajoz) el primer acto de precampaña regional, con la energía nuclear como eje prioritario. Feijóo ya había advertido meses atrás que apagar las centrales es “un error estratégico” y prometido una reforma legal para prolongar su actividad.
La votación en el Congreso ha convertido a Almaraz en el epicentro emocional y político de la precampaña extremeña. Mientras PP y PSOE se preparan para un choque de narrativas, la central nuclear emerge como símbolo de un debate mayor: el equilibrio entre transición energética, economía regional y el pulso político que define la España de la transición energética.
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