Las dos iniciativas, sometidas ya a información pública, buscan responder al incremento previsto de la demanda eléctrica hasta 2031 y acelerar la integración de energías renovables en unos sistemas caracterizados por su aislamiento, elevada dependencia de combustibles fósiles y mayores costes de generación respecto al sistema peninsular.
El nuevo procedimiento competitivo llega tras la adjudicación de más de 1.450 MW en el primer concurso de potencia firme, resuelto el pasado mes de febrero. A partir de ese resultado, Red Eléctrica, como operador del sistema, actualizó las necesidades de cobertura para los próximos cinco años y concluyó que será necesario incorporar nueva capacidad gestionable para garantizar el suministro.
Canarias concentrará la mayor parte de la potencia convocada, con 707,5 MW repartidos entre Gran Canaria (320 MW), Tenerife-La Gomera (230,5 MW), Lanzarote-Fuerteventura (95 MW), La Palma (52 MW) y El Hierro (10 MW). Baleares contará con una convocatoria de 80 MW, mientras que Melilla dispondrá de 32 MW y Ceuta de 1 MW.
Al igual que en la convocatoria anterior, podrán concurrir nuevos grupos de generación gestionable, inversiones para modernizar instalaciones existentes y proyectos destinados a ampliar la vida útil regulatoria de centrales ya operativas. La selección combinará criterios económicos y técnicos con requisitos ambientales. Entre ellos destaca el límite máximo de emisiones de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, así como aspectos relacionados con la ubicación de las instalaciones, la capacidad de autoenergización y una mayor exigencia en términos de eficiencia.
En el caso de Canarias, el Ministerio introduce además medidas para favorecer la renovación del parque térmico. Los grupos que superen los 40 años de antigüedad en 2031 tendrán una valoración menos favorable, mientras que las nuevas instalaciones deberán estar preparadas para utilizar al menos un 5 % de combustibles de origen renovable cuando exista disponibilidad.
Regulación del almacenamiento
Junto al concurso, Transición Ecológica ha iniciado la tramitación de una modificación del Real Decreto 738/2015 que establece el primer marco regulatorio para el almacenamiento eléctrico en los territorios no peninsulares. La futura norma reconoce tanto las instalaciones independientes como las hibridadas con plantas eólicas y fotovoltaicas, con el objetivo de aportar flexibilidad al sistema y facilitar una mayor penetración de las energías renovables.
La propuesta incorpora además nuevas señales económicas para incentivar estas inversiones. Entre las novedades figura la publicación del precio medio marginal de generación en los sistemas eléctricos canarios, que servirá de referencia para que las baterías independientes puedan competir con la generación convencional. En el caso de los sistemas de almacenamiento asociados a instalaciones renovables, el despacho se apoyará en el denominado "factor de hueco térmico", que incentivará la entrega de energía en los momentos de mayor necesidad de generación fósil.
La reforma también modifica la retribución de la generación renovable en estos sistemas. En lugar de utilizar el precio diario del mercado eléctrico peninsular, las instalaciones pasarán a percibir el precio medio correspondiente al último año móvil. Según el Ministerio, este cambio proporcionará mayor estabilidad de ingresos, favorecerá nuevas inversiones y evitará que las plantas renovables dejen de producir cuando los precios peninsulares sean bajos o negativos, pese a que en los territorios no peninsulares contribuyan a reducir el uso de combustibles fósiles.
Las alegaciones al concurso de potencia firme podrán presentarse hasta el 5 de agosto, mientras que el periodo de información pública del proyecto de real decreto permanecerá abierto hasta el 4 de agosto.
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