La forma en la que los políticos transmiten sus ideas, buscando la máxima atención, y los mecanismos y algoritmos que posteriormente amplifican esas ideas, buscando la máxima difusión, provocan que las personas de izquierdas tengan la sensación de estar mucho más alejadas ideológicamente de la gente de derechas, y viceversa. Y todo ello genera a su vez la impresión de que existen menos consensos sociales de los que realmente existen.
El consenso en torno a la transición energética es uno de los que a veces se pierde en este vórtice de percepciones infundadas. La sociedad española, independientemente de ideologías o de territorios, tiene muy claro que el futuro de nuestro país pasa por reformular nuestro modelo energético y que las renovables jugarán un papel fundamental en ello.
De acuerdo con nuestras últimas encuestas, casi un 90% de españoles se muestra muy a favor o a favor de continuar implantando energías renovables; siete de cada diez consideran que las renovables tienen más ventajas que inconvenientes; y tres cuartos de la población considera que la transición energética es positiva o muy positiva, incluso cuando esta se presenta como un proceso de sustitución de los combustibles fósiles por energías como la solar o la eólica.
Igualmente, a siete de cada diez les gustaría que se invirtiera más en energía solar y seis de cada diez quieren que se destinen más recursos al desarrollo de la energía eólica.
El acuerdo social es abrumador y, por cierto, no hay grandes diferencias en las percepciones de los ciudadanos que habitan en grandes ciudades y las de aquellos que habitan en municipios rurales. Existen conflictos en determinados lugares que no conviene negar, pero nada en nuestros datos sugiere que la oposición a las renovables sea la tónica general en las áreas rurales españolas.
¿Significa esto que no existan discrepancias? En absoluto. Las diferencias aparecen sobre todo en el plano ideológico y, especialmente, en torno a los instrumentos y a los marcos políticos desde los que se justifica la transición, más que respecto al objetivo último hacia el que esta se dirige.
Una primera diferencia es que los españoles de izquierdas piensan en la transición energética desde una perspectiva principalmente medioambiental, como un proceso que tiene como principal objetivo la reducción de emisiones.
Por su parte, los españoles de derechas la justifican desde una óptica eminentemente económica y de competitividad que, además, nos permitirá reducir emisiones.
Se trata de un matiz aparentemente pequeño, pero con implicaciones muy relevantes desde el punto de vista político y narrativo.
El cómo
Un segundo punto de desacuerdo está en cómo recorrer el camino y en el papel que debe jugar la energía nuclear. Para los progresistas, el despliegue de energías renovables es la prioridad número uno, y querrían que se combinase con más inversión en redes y almacenamiento. Los conservadores apoyan en masa la expansión de las renovables y también en redes y en almacenamiento, pero quieren una transición más gradual y una desconexión más progresiva de formas de energía como el gas; además, consideran que en todo este proceso la energía nuclear debe tener un mayor protagonismo, al menos en el corto y el medio plazo, a través de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares (un debate que tenían ya ganado en términos de opinión pública antes incluso del apagón eléctrico del año pasado: buena parte del electorado progresista, incluyendo la mitad de los votantes del PSOE, está a favor de dicha extensión).
Por ponerle números a la cuestión: entre los ciudadanos de izquierdas hay un 69% que quieren que España apueste principalmente por las energías renovables, un 5% que preferiría que se apueste principalmente por la energía nuclear y un 21% que se siente más cómodo con una combinación de ambas. Entre los ciudadanos de derechas, esos porcentajes son del 32%, del 25% y del 38%, respectivamente.
Otra idea que emerge de forma clara en nuestros estudios es que la ciudadanía no percibe como contradictorias las políticas destinadas a acelerar la transición energética y aquellas orientadas a ordenar mejor su despliegue territorial y social. Las ayudas para mejorar la eficiencia energética de los hogares, el apoyo al autoconsumo o el aumento de la inversión en renovables son propuestas extremadamente populares entre ciudadanos progresistas y conservadores; pero también son muy populares a ambos lados del espectro ideológico medidas como la obligatoriedad de establecer consultas públicas antes de autorizar grandes instalaciones renovables o la priorización de los proyectos renovables que sean compatibles con la actividad agraria, por poner algunos ejemplos.
Lejos de dividir a la ciudadanía en bloques irreconciliables (pro- o anti-renovables, pro- o anti-nuclear, pro- o anti-territorio), el debate surgido a raíz del apagón parece haber contribuido a que la sociedad desarrolle posiciones más matizadas y sofisticadas sobre el modelo energético del futuro. Los españoles no están atrapados en un bando u otro de los debates, sino que expresan con normalidad y coherencia que quieren una cosa y la otra, sin ataduras ideológicas.
Por todo ello, se dan las condiciones para que España construya una transición energética con una elevada legitimidad social, desde una óptica ambiental pero también desde lo económico y lo pragmático.
Y todos, también nuestros responsables políticos, haríamos bien en evitar que esa cosa tan engañosa y persistente llamada "gap de percepción" nos lleve a creer lo contrario.
Luis Aguado, autor de este artículo, es el director de More in Common en España, organización dedicada a entender las dinámicas de polarización y división a través de la investigación social
