La respuesta de España a la crisis energética provocada por el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz se ha convertido en el ejemplo más representativo de las contradicciones que atraviesan actualmente la política energética europea. Así lo sostiene Greenpeace Internacional en un informe que analiza las medidas adoptadas por siete Estados miembros y que sitúa al país como el caso más paradigmático de una estrategia que combina ambición climática con un fuerte apoyo a los combustibles fósiles.
Esta doble estrategia convierte a España en un caso singular dentro de la UE. Mientras otros países han optado por priorizar casi exclusivamente medidas de alivio económico o, por el contrario, políticas estructurales de descarbonización, el Ejecutivo español ha intentado avanzar en ambas direcciones simultáneamente, aunque con resultados contradictorios.
La paradoja española
La paradoja española es especialmente significativa. Por un lado, el Gobierno aprobó el mayor paquete de ayudas de toda la Unión Europea para hacer frente al impacto del encarecimiento energético: un programa de 5.000 millones de euros, equivalente a cerca del 42% del presupuesto total movilizado por los países analizados. Pero, al mismo tiempo, ese mismo plan concentra el mayor volumen de medidas que, según Greenpeace, refuerzan la dependencia del petróleo y del gas importados.
Esa combinación de medidas sitúa a España a la cabeza del ranking de contradicciones elaborado por Greenpeace. El informe le otorga la peor calificación de los siete países analizados, con una puntuación final de -380 puntos, por delante de Irlanda (-370), Alemania (-320), Portugal (-270), Grecia (-240) y Suecia (-100). Solo Países Bajos obtiene una valoración positiva (+210), gracias a un modelo basado en ayudas focalizadas y medidas estructurales de eficiencia y transición energética.
La puntuación se obtiene en varias fases. En primer lugar, Greenpeace resta a España 460 puntos por las medidas que, a su juicio, refuerzan la dependencia de los combustibles fósiles -como las rebajas fiscales, los subsidios al consumo energético o el apoyo a sectores intensivos en energía- y le suma 280 puntos por las iniciativas que impulsan la transición, entre ellas el autoconsumo, la rehabilitación energética, la movilidad eléctrica y las comunidades energéticas. Ese primer balance arroja un resultado de -180 puntos. Posteriormente, el informe aplica una penalización adicional de 200 puntos por el elevado peso de las ayudas generalizadas, al considerar que carecen de criterios de renta o vulnerabilidad y benefician también a grandes consumidores de energía. De este modo, la puntuación final de España se sitúa en -380 puntos.
El "rescate fósil" español
El informe califica esta situación como el mayor "rescate fósil" de Europa. Rebajas generalizadas del IVA sobre la electricidad, el gas natural y los carburantes, la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, las ayudas de 20 céntimos por litro para sectores profesionales o los descuentos para la industria electrointensiva forman parte de un conjunto de medidas que lograron amortiguar el impacto inmediato de la crisis sobre consumidores y empresas, pero que, a juicio de la organización ecologista, prolongan la exposición de la economía española a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles fósiles.
Sin embargo, el diagnóstico no es unívoco. España también aparece como uno de los países europeos que más recursos ha destinado a acelerar la transición energética, solo por detrás de Países Bajos y por delante de Suecia. El informe destaca la ampliación del radio permitido para el autoconsumo compartido, las deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, los programas de rehabilitación energética de edificios y la reserva de capacidad de la red para comunidades energéticas como algunas de las iniciativas que apuntalan el cambio del modelo energético.
Precisamente esa dualidad explica la evaluación realizada por Greenpeace. Aunque España obtiene una de las mejores puntuaciones en políticas de transición energética, el peso de las ayudas destinadas a abaratar el consumo de combustibles fósiles reduce significativamente su balance global y la sitúa entre los países con un riesgo medio de perpetuar su dependencia energética.
El informe recuerda, no obstante, que España parte de una posición más favorable que la mayoría de los Estados miembros gracias a la fuerte expansión de las energías renovables registrada durante los últimos años. Esa apuesta ha permitido contener el impacto de la escalada de precios eléctricos en comparación con otros mercados europeos mucho más dependientes del gas natural, convirtiendo al sistema eléctrico español en uno de los más resilientes frente a las perturbaciones internacionales.
Sin embargo, Greenpeace considera que el paquete extraordinario aprobado en marzo de 2026 ha diluido parcialmente esa ventaja competitiva. En lugar de aprovechar la crisis para acelerar la reducción estructural del consumo de combustibles fósiles, buena parte del esfuerzo presupuestario se orientó a subvencionar su utilización mediante medidas de carácter general, sin mecanismos de focalización hacia los consumidores más vulnerables ni incentivos suficientes para reducir la demanda energética.
Con la Comisión Europea a punto de presentar su nueva estrategia de electrificación para edificios, transporte e industria, el caso español se perfila como uno de los principales laboratorios para evaluar cómo deben diseñarse las futuras respuestas ante crisis energéticas. El reto, concluye el informe, no consiste únicamente en proteger a hogares y empresas frente a episodios de volatilidad geopolítica, sino en hacerlo sin reforzar la dependencia de los mismos combustibles fósiles que originan esa vulnerabilidad.
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Y lo más llamativo: que nuestras importaciones de petróleo que pasan por Ormuz son ridículas, de un 3%. Increíble el efecto sobre un precio que no pagan las petroleras. Un misterio más de la era perrosancheska.
