Las nueve personas activistas de Greenpeace detenidas este viernes en Madrid por desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa pidiendo al Gobierno el cumplimiento del calendario de cierre nuclear han sido puestas en libertad con cargos. La organización ecologista considera "completamente desproporcionada" la respuesta policial y judicial, y denuncia que lo que pretende esa actuación es "castigar y amordazar al mensajero cuando lo que se necesita es firmeza política para hacer frente al chantaje del lobby nuclear". Según Greenpeace, resulta "paradójico e injusto" el hecho de que, "en medio de una crisis climática y energética sin precedentes, donde la ciudadanía sufre los efectos directos del calor extremo, los incendios y los efectos de la guerra en Irán, la respuesta del Estado sea reprimir a quienes protestan en vez de mostrar firmeza ante las presiones de los poderosos lobbies corporativos". La protesta pacífica -recuerdan los ecologistas- no es un delito, "sino un derecho fundamental y una herramienta democrática". En ese sentido, la oenegé ecopacifista advierte a los jueces que las medidas judiciales "no frenarán la determinación de Greenpeace para exigir una transición energética urgente, justa y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear".
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal: "la detención durante más de 24 horas, así como la puesta a disposición judicial y la imputación de cargos a personas que defienden pacíficamente un mundo más seguro y libre de energía nuclear es un síntoma alarmante de cómo el poder prefiere criminalizar la protesta antes que enfrentarse a la realidad de un mundo en llamas y a los intereses inmorales del lobby nuclear. Nos persiguen por decir en voz alta una verdad incómoda: prorrogar Almaraz sería un enorme error histórico que pone los beneficios corporativos frente al interés general y la protección de la vida en el planeta. La intimidación no nos va a parar, protestar pacíficamente por defender la vida es nuestro derecho y nuestro deber"
La protesta civil llevada a cabo este viernes por Greenpeace, acción de carácter estrictamente pacífico, tenía como objetivo -explican desde la oenegé- el recordar al presidente del Gobierno su compromiso con el calendario oficial de cierre del parque nuclear español (Orden Ministerial TED/773/2020). Esa Orden sitúa la clausura de los reactores I y II de Almaraz en 2027 y 2028, respectivamente.
La acción de protesta pacífica ha tenido lugar (este viernes) apenas unas horas después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hiciera público su informe técnico sobre la petición de prórroga de explotación de Almaraz tramitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de esta central nuclear, que es la más grande de España. El CSN ha venido a decir en su informe que el nivel de seguridad de la central es el adecuado para su correcto funcionamiento.
Partidos políticos como Alianza Verde y organizaciones ecologistas como Greenpeace han recordado que el CSN solo valora la seguridad, y han insistido en que el informe del Consejo "no obliga al Ejecutivo a prolongar la vida de la central extremeña: la decisión final -recalcan desde la oenegé ecologista- sigue siendo exclusivamente política".
Greenpeace reitera, en el comunicado que ha difundido este sábado, que las medidas judiciales no frenarán su determinación de exigir una transición energética urgente, justa "y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear".
Más aún: la organización ecologista advierte que el episodio en el Arco de Moncloa no es un caso aislado, sino que se suma "a la preocupante escalada judicial y represiva contra el activismo climático a la que Greenpeace y muchas otras activistas se enfrentan este año en los tribunales".
La organización recuerda los severos procesos penales que pesan sobre las acciones pacíficas por la justicia climática, como el juicio por la protesta en el puente de Joaquín Costa en Madrid, o el juicio a Rebelión Científica por derramar remolacha en el Congreso.
En su repaso, la oenegé del arco iris recuerda también el inminente juicio que se celebrará el próximo septiembre por la acción contra la importación de gas fósil en el puerto de Sagunto, donde la fiscalía llega a solicitar hasta cinco años de cárcel para las activistas de Greenpeace.
A pesar de que los tribunales ya han dictaminado la absolución de activistas en otros casos similares como el del Cercle en Barcelona —donde se reconoció que las protestas para exigir una recuperación verde y justa tras la pandemia eran legítimas—, la organización denuncia que sigue dándose una persecución sistémica a quienes denuncian de forma pacífica la inacción política y las presiones del oligopolio energético.
Curiosamente, también esta semana, ha sido detenido el humorista Héctor de Miguel (Quequé) por agentes de la policía nacional en Salamanca, cuando se encontraba en una terraza de un establecimiento hostelero de la ciudad. La detención ha sido ejecutada en el marco de otra actuación judicial y policial muy controvertida, y que ha causado estupor en buena parte del ecosistema periodístico y artístico nacional. El humorista también ha sido retenido en dependencias judiciales durante toda una noche.
Las tres mentiras de Almaraz, el sesgo deliberado de PwC y la simpleza de Monitor Deloitte (sobre el informe publicado por Greenpeace sobre el cierre de Almaraz)
Artículos relacionados
• "Una prórroga nuclear sería un golpe mortal a la transición renovable"
• La central nuclear de Almaraz está detrás del apagón de los parques solares de Extremadura
• Entrevista a Chema González Mazón, autor de libro 'Amanecer sin Almaraz': "Aquí la población sigue siendo antinuclear"
• El Consejo de Seguridad Nuclear emitirá este verano su informe sobre la prórroga de Almaraz
• ¿Para qué sirven las centrales nucleares?, por Javier García Breva
• Mantener las nucleares abiertas pone techo a las energías renovables
• España exporta cada vez más combustible nuclear
