La modificación del Real Decreto 309/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), adapta la normativa española a la actualización de las directrices europeas sobre ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión de CO2. Además, responde al mayor riesgo de fuga de carbono y a la presión competitiva que afrontan diversos sectores industriales.
Entre las principales novedades figura la incorporación al sistema de ayudas de actividades consideradas estratégicas, como la fabricación de productos básicos de química orgánica, fertilizantes y compuestos nitrogenados, plásticos en formas primarias, fibras artificiales y sintéticas, pilas y acumuladores eléctricos, vidrio plano y vidrio hueco, así como la producción de azulejos y baldosas cerámicas. También se beneficiarán distintas actividades de los sectores textil, de la madera y de la minería metálica.
La reforma mejora además las condiciones del programa para los sectores que ya estaban incluidos. En concreto, la intensidad máxima de la ayuda aumenta del 75% al 80% de los costes indirectos derivados del CO2, mientras que los nuevos sectores incorporados podrán recibir una compensación de hasta el 75%. El Ministerio prevé publicar la convocatoria correspondiente a este ejercicio en las próximas semanas.
El Ejecutivo enmarca esta decisión dentro de su estrategia de apoyo a la industria electrointensiva. En la convocatoria de 2025 destinó 600 millones de euros para compensar los costes indirectos del CO2, el doble de los fondos asignados en la convocatoria anterior. Desde 2019, el Gobierno asegura haber movilizado cerca de 2.000 millones de euros en ayudas directas a este tipo de industrias a través de distintos instrumentos de apoyo.
El mecanismo de compensación tiene como objetivo reducir el impacto que los costes asociados a las emisiones de CO2 tienen sobre el precio de la electricidad que consumen las industrias con mayor intensidad energética. Con ello, se pretende preservar la competitividad de las empresas, mantener el empleo industrial y evitar la deslocalización de la producción hacia países con menores exigencias ambientales.
Según el Gobierno, la ampliación del sistema de ayudas permitirá que un mayor número de empresas afronte en mejores condiciones los desafíos de la transición energética y la competencia internacional, al tiempo que contribuirá a impulsar la transformación y la descarbonización del tejido industrial español.
